Minería ilegal: una amenaza de miles de millones que arrasa comunidades y ecosistemas

Hablar de minería ilegal en el Perú genera preocupación en las autoridades. Y no es para menos. Según el fiscal superior Frank Almanza Altamirano, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA), esta actividad ilícita mueve entre US$ 6 y 7 mil millones al año, mientras que el narcotráfico apenas alcanza los US$ 1.200 millones.

“Es un fenómeno que mueve seis veces más que el tráfico ilícito de drogas”, advierte el magistrado.

El problema ha crecido sin freno en las últimas dos décadas, especialmente en la extracción de oro, y ha afectado profundamente a regiones como Madre de Dios, Puno, Amazonas, Cajamarca, Pasco, Ucayali, Loreto, Cusco y Ayacucho, además de La Libertad, Ica y Arequipa.

Un informe de Conservación Amazónica (ACCA) detalla que son 48 comunidades indígenas las directamente impactadas por la minería ilegal en nueve regiones.

La amenaza se expande por toda la Amazonía

En Loreto, este 2025 se identificaron 12 ríos con dragas ilegales, afectando cerca de 20 comunidades indígenas en zonas como Yaguas, Allpahuayo Mishana y Pacaya Samiria. En el río Nanay se registraron más de 650 eventos de dragado entre 2021 y 2025.

En Huánuco, la minería ilegal se ha expandido desde 2020. Para este año, se estiman 1.106 hectáreas intervenidas, el 97% dentro de la zona de El Sira, afectando comunidades como Tsirotzire y Nuevos Unidos de Tahuantinsuyo.

En Ucayali, en 2024 se detectaron por primera vez dragas en la cuenca del río Aguaytía. Para 2025, se han identificado nuevas zonas mineras en el distrito de Callería.

En Amazonas, operan al menos 66 dragas en los ríos Cenepa y Santiago, afectando a 8 comunidades indígenas de las naciones Wampis y Awajún.

En Cusco, la minería ilegal ha destruido cerca de 730 hectáreas desde 2014, la mayoría dentro de concesiones mineras. Además, se han deforestado 33 hectáreas en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Amarakaeri.

Ríos en peligro y bosques arrasados

En Puno, la minería avanza en las cuencas de los ríos Inambari y Huari Huari, con 939 hectáreas afectadas, el 70% en concesiones y el 30% ilegales. También se han perdido 319 hectáreas en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Bahuaja Sonene.

En Pasco, en 2025 se identificaron nuevos focos de minería en el río Chinchihuani, con una extensión de 19.7 hectáreas. En Cajamarca, el foco está en el río Chinchipe, con 36.1 hectáreas afectadas entre San Ignacio y Jaén.

Un fenómeno incentivado por el oro y la informalidad

La expansión de la minería ilegal se aceleró desde 2003, impulsada por el alza del precio del oro. Para 2022, el oro exportado ilegalmente alcanzó los US$ 1.841 millones, lo que representaba el 18% de las exportaciones auríferas del país.

Según Karina Garay Tapia, exfiscal de FEMA y vocera del Observatorio de Minería Ilegal, la actividad ha crecido de forma alarmante en los últimos cinco años. La falta de capacidad del Gobierno para combatirla y un fallido proceso de formalización minera han permitido que esta economía ilícita florezca.

“Lejos de ordenar, la formalización se convirtió en un mecanismo permisivo, que ha fomentado la ilegalidad, generando inseguridad y criminalidad”, afirma.

Durante la pandemia por COVID-19, la minería se redujo momentáneamente, pero desde 2021 ha resurgido con fuerza, invadiendo nuevas áreas como Loreto, Cajamarca, Amazonas, Huánuco, Ucayali, Pasco, Cusco y Puno.

Fuente: La Republica 

 

 

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