Estamos frente a un Gobierno nada serio, que es reactivo y no preventivo

Por Cesar Ortiz Anderson

El escenario político del Perú en 2025 está marcado por la continuación de la profunda crisis política que nos ha llevado a tener siete presidentes en menos de dos periodos presidenciales. La crisis no ha terminado: Continúa de forma subterránea con el pacto entre el Gobierno de Dina Boluarte y los partidos políticos que están representados en el Congreso de la República, y se ha trasladado a la Economía (que ya empieza a dar signos de manoseo del MEF y de la política presupuestal) y a la Seguridad Ciudadana, siendo el pueblo quien paga las consecuencias de los errores y de la corrupción de las autoridades públicas y de los partidos políticos. 

El gobierno de la presidenta Dina Boluarte representa uno de los momentos más oscuros en la historia republicana reciente. Envuelta en una serie de investigaciones fiscales por presunta corrupción, y con niveles de aprobación ciudadana que figuran entre los más bajos del mundo, la Presidenta permanece en el cargo gracias a un frágil —y cuestionado— pacto de supervivencia mutua con el Congreso de la República. 

Un pacto de impunidad en el poder

La clave para entender la continuidad del gobierno de Dina Boluarte —a pesar del desprestigio, las acusaciones y la presión social— se encuentra en la alianza subterránea con el actual Congreso unicameral, mayoritariamente compuesto por partidos fragmentados, sin representación real ni legitimidad popular. Este Parlamento ha demostrado que puede vacar presidentes (como lo hizo con Martín Vizcarra y Pedro Castillo), pero hoy no aplica el mismo estándar con Boluarte. ¿Por qué? 

La respuesta apunta a un acuerdo político de no agresión, en el que la mandataria mantiene en su lugar a congresistas altamente cuestionados a cambio de que ellos no activen los mecanismos constitucionales para su destitución. Esta relación —alejada de cualquier interés por el bien común— tiene por objetivo preservar cuotas de poder, evitar investigaciones profundas sobre corrupción y garantizar impunidad. 

La parálisis del Estado ante los problemas reales

Mientras el Ejecutivo y el Legislativo se blindan mutuamente, los principales problemas del país se agravan sin solución a la vista. La inseguridad ciudadana ha alcanzado niveles alarmantes, con regiones como La Libertad (Pataz), Arequipa (Cailloma) o el Callao sumidas en el control del crimen organizado. Las zonas rurales, por otro lado, experimentan incrementos sostenidos en pobreza y exclusión social, en parte debido a la falta de inversión pública y programas de desarrollo que realmente funcionen. 

A ello se suma un deterioro institucional cada vez más visible: el debilitamiento del sistema judicial, el desprestigio de la Policía Nacional, y la desconfianza generalizada de la ciudadanía en sus autoridades. Los partidos políticos no ofrecen alternativa viable y parecen funcionar únicamente como vehículos para intereses particulares. 

Una democracia en estado terminal

Lo que vive el Perú hoy puede ser calificado como una democracia sin representación real. Ni el Ejecutivo ni el Congreso responden al mandato ciudadano, y la voz del pueblo ha sido sustituida por el cálculo político. La ausencia de una oposición sólida y de partidos organizados impide la emergencia de liderazgos alternativos, y el sistema electoral no ofrece mecanismos eficaces para frenar el deterioro. 

El caso peruano se vuelve un síntoma extremo del colapso institucional en América Latina, donde la gobernabilidad se logra no mediante consensos democráticos, sino mediante pactos de impunidad entre élites desprestigiadas. 

¿Hacia dónde va el Perú?

De no producirse una reacción institucional seria —ya sea desde la sociedad civil, el sistema judicial o actores internacionales—, el Perú continuará profundizando su crisis democrática. La ciudadanía ha perdido la fe en las elecciones, en los partidos y en las promesas del Estado. En este contexto, el riesgo de autoritarismo, desobediencia civil o estallidos sociales violentos es latente. 

La única salida posible requiere de reformas estructurales profundas, que devuelvan a los ciudadanos el poder de decisión, sancionen la corrupción sin distinción de colores políticos, y reconstruyan la relación entre el Estado y su pueblo. Pero mientras los actuales actores sigan gobernando en función de sus intereses y no del país, ese horizonte seguirá siendo una utopía lejana. 

Finalmente, cabe resaltar que la crisis política persistente en este Gobierno está trayendo como consecuencia la pésima situación de la Seguridad Ciudadana en nuestro país. Piensan enviar a delincuencia avezada a una cárcel de El Salvador, cuando tenemos un penal en Ica a medio construir. La gestión de Dina Boluarte debe apoyar con recursos y tecnología a la Policía Nacional, los recientes operativos con resultados positivos son una muestra de que están preparados, lamentablemente este Gobierno no tienen la voluntad para ello. La evidencia es que el actual periodo presidencial ha habido quince ministros del Interior, siete con Pedro Castillo y ocho con Dina Boluarte, con cinco cambios en la DINI solo en la gestión de Boluarte.​

 

César ORTIZ ANDERSON

Presidente de APROSEC

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