Proyecto de Vergara y Soto busca limitar contenido creado por usuarios digitales

El parlamentario Elvis Hernán Vergara, representante de Acción Popular, vuelve a generar controversia en el escenario político nacional. En lugar de destacar por alguna gestión relevante para Ucayali o para el país, su nombre reaparece ahora como coautor de un proyecto de ley destinado a regular el trabajo de influencers, streamers y podcasters. La iniciativa establece que quienes generen contenido sobre salud, educación, seguridad o patrimonio cultural deberán contar obligatoriamente con un título profesional o una certificación oficial, una propuesta que ha sido catalogada como un riesgo directo para la libertad de expresión.

El proyecto, elaborado por el congresista Wilson Soto también de Acción Popular propone la creación de un registro estatal obligatorio para todos los creadores digitales que traten temas considerados “sensibles”. Con esta medida, la actividad en redes sociales pasaría a funcionar como una profesión regulada, sujeta a revisiones y controles gubernamentales. Además, plantea multas de hasta 5 UIT e incluso la inhabilitación por tres años para los productores de contenido que opinen o informen sin la acreditación que el Estado considere válida.

Soto defendió su propuesta tomando como referencia el modelo de regulación digital de China, argumento que provocó una ola de cuestionamientos. Diversos especialistas advirtieron que esa comparación resulta alarmante, ya que dicho país es conocido por sus políticas restrictivas y su alto nivel de censura. Según analistas legales, el Perú ya cuenta con normas contra la publicidad engañosa, sanciones civiles y mecanismos administrativos suficientes para enfrentar la desinformación, por lo que este proyecto sería una medida excesiva, innecesaria y potencialmente orientada a controlar el espacio digital.

La coincidencia no ha pasado desapercibida para la opinión pública: tanto Vergara como Soto se encuentran actualmente investigados en el caso “Los Niños”, donde se evalúa su presunta participación en una organización criminal. En ese contexto, la iniciativa legislativa es vista por muchos como un intento de limitar el debate público, restringir opiniones incómodas y blindar a congresistas cuestionados bajo el argumento de “ordenar” el contenido que se difunde en internet.

Aunque el proyecto todavía deberá ser revisado en las comisiones del Congreso, su espíritu genera preocupación entre abogados, periodistas, especialistas en comunicaciones y usuarios que ven en esta propuesta una vía directa para restringir derechos fundamentales. Mientras tanto, creadores de contenido de todo el país han expresado su rechazo, señalando que la regulación no debe convertirse en una excusa para silenciar voces independientes ni para establecer censura encubierta en espacios digitales donde la ciudadanía participa activamente.

Fuente: Zona Pucallpa