Sentencia por colusión contra alcalde de Iparía sigue sin ejecutarse

Iparía.- A más de un mes de haberse emitido una sentencia condenatoria, el fallo judicial contra el alcalde de Iparía, Pedro Saldaña Balarezo, aún no ha sido notificado oficialmente a las entidades correspondientes, situación que impide su inmediata aplicación y mantiene al burgomaestre en el ejercicio del cargo.

El 16 de diciembre de 2025, la jueza Ángela Zamudio Navarro dispuso la ejecución de la sentencia en el expediente N.º 03028-2014-43-2402-JR-PE-02, mediante la cual se declaró culpables del delito de colusión simple al actual alcalde y a los exfuncionarios municipales Juan Arturo Calvo Chávez, Belisario Quinteros Vargas y Dino Miguel Tananta Pinedo.

La condena establece tres años de pena privativa de libertad suspendida, así como diez años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, sanción que, de ser debidamente notificada, debería generar consecuencias inmediatas en la situación legal del alcalde.

No obstante, la resolución judicial que también ordena comunicar el fallo a la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), no ha sido ejecutada formalmente hasta la fecha, sin que se conozcan las razones de esta demora.

Según lo establecido en la sentencia, quedó acreditado que los procesados se coludieron para favorecer de manera irregular a la empresa Combustibles de la Amazonía SRL durante un proceso de adquisición de bienes para la municipalidad, ocasionando un perjuicio económico al Estado. Asimismo, el juzgado dispuso el cumplimiento de reglas de conducta y el pago de una reparación civil de 10 mil soles.

La falta de notificación oficial del fallo ha generado cuestionamientos sobre la eficiencia administrativa del sistema judicial, ya que la inacción mantiene en suspenso una sanción que busca precisamente impedir que personas condenadas por delitos contra la administración pública continúen ejerciendo funciones públicas.

Este retraso no solo posterga la aplicación de una decisión judicial firme, sino que también afecta la percepción ciudadana sobre la eficacia de las instituciones encargadas de combatir la corrupción en el país.

Fuente: Diario ímpetu